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Puebla, capital | A finales de este año o el próximo 2026 iniciará la construcción del nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) de la región de Cholula, anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Mientras tanto, mencionó que la presidenta de San Pedro Cholula ha comenzado a buscar un terreno para la reubicación del penal, asentado actualmente en pleno centro del municipio.

Armenta Mier recordó esta mañana, en conferencia de prensa, el compromiso que hizo durante su campaña por la gubernatura de Puebla sobre el retiro de la cárcel regional que se ubica en una antigua casona situada a tres cuadras del zócalo, a una cuadra del mercado municipal, en contraesquina del Centro Escolar Miguel Alemán y en medio de una zona comercial y habitacional.

“Pronto estaré en Cholula. Hicimos un compromiso con respecto al penal y vamos a trabajar en ese sentido..”, reiteró el mandatario estatal.

Tras encontrar el terreno adecuado “estaremos planteando la construcción para finales o el próximo año del penal regional de Cholula que es el único que podría tener algún tipo de inconvenientes porque todos los demás se encuentran operando normalmente..”

Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, adelantó que la próxima semana, la administración estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos retomarán las visitas a los Ceresos de Puebla para supervisar la seguridad, el respeto a las garantías y la atención médica que reciben los internos.

REUBICACIÓN DEL CERESO DE CHOLULA, PROMESA AÑEJA

La reubicación del penal regional de Cholula es una promesa hecha por los últimos dos gobernadores de Puebla: Antonio Gali y Miguel Barbosa.

En tanto, ex presidentes municipales de San Pedro Cholula se han dedicado a buscar un terreno para la reubicación del Cereso, como hizo José Juan Espinosa Torres que el 28 de diciembre de 2017 encabezó una sesión de Cabildo para aprobar la aportación de 50 millones de pesos, así como la adquisición de un terreno de 21 mil metros cuadrados en San Francisco Cuapa, con un valor de 18 millones de pesos, para lograr la reubicación que, en ese momento, implicaba una inversión inicial de 135 millones de pesos que gestionó la administración estatal ante el gobierno federal.